Industrialización, nacionalizaciones y política agraria

En la Argentina, a diferencia de los que ocurió en algunos países europeos, no hubo una burguesía industrial poderosa, capaz de liderar un proceso de industrialización. Fue el Estado el responsable de producir la modificación de la estructura productiva, impulsando un rápido crecimiento industrial y nacionalizando importantes sectores de la economía. Entre 1946 y 1950 el Estado fue asumiendo un rol de empresario, haciéndose cargo de diversas tareas que anteriormente correspondían a iniciativas del sector privado. En 1946 se nacionalizaron el Banco Central y los depósitos bancarios, permitiéndole al Estado controlar la política financiera del país y orientarla –a través del otorgamiento de créditos– hacia una política de incentivo de la actividad industrial. En su primer año de gobierno, el peronismo creó el IAPI –Instituto Argentino para la Producción de Cambio–. Con este organismo el Estado pasó a controlar el manejo del comercio exterior. El IAPI era quien fijaba los precios de las exportaciones agrícolas, regulaba las importaciones y resguardaba la producción nacional. Con el funcionamiento de este organismo como agente de comercialización, el Estado abtuvo un importante caudal de recursos, que derivó en parte hacia la actividad industrial, y en parte hacia la inversión local. Esta transferencia de ingresos del sector agrario al industrial provocó una importante oposición de los sectores terratenientes y de las empresas privadas vinculadas al comercio exterior, como Bunge y Born y Dreyfus.
De este modo, protegida por esta política económica, la actividad industrial –particularmente las pequeñas y medianas empresas productoras de bienes de consumo– creció a un ritmo sostenido durante algunos años.